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Sala ordena recuperar territorio controlado por pandillas

Los magistrados reconocen en su fallo el fenómeno de desplazamientos forzados por violencia.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió un fallo este viernes en el que le ordena al Estado salvadoreño recuperar el territorio controlado por pandillas. Esto a raíz de haber admitido una demanda de amparo de una familia de 33 personas que resultó afectada por el fenómeno de desplazamientos forzados por la violencia, cuya existencia es reconocida en el fallo de los magistrados.

El órgano judicial ha ordenado a la presidencia de la República que coordine acciones para “recobrar progresivamente y de forma permanente los territorios bajo control de las pandillas”, para ello deberá coordinarse con los altos mandos de Justicia y Seguridad, PNC, Educación, Salud, Hacienda, Inclusión Social, entre otros, para formular políticas sociales que impidan la marginación de sectores vulnerables de la sociedad.

La resolución de la sala surge a partir del caso de los miembros de una familia residente del municipio de Ciudad Delgado, que se vieron obligados a abandonar la localidad luego de ser amenazados por miembros del Barrio 18, lo que los llevó a trasladarse a Berlín, Usulután, municipio en el que fueron víctimas de acoso policial a tal punto que uno de sus miembros fue asesinado.

“Declárase que en El Salvador existe un fenómeno de desplazamiento forzado de personas que tiene origen en el contexto de violencia e inseguridad que afecta gravemente a colectivos vulnerables de distintas zonas geográficas del país controladas por las pandillas y en las afectaciones sistemáticas a derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la libertad y la propiedad, entre otros”, se lee en el fallo de la Sala.

Por último, los magistrados pidieron a las autoridades garantizar los derechos de la familias autorizadas. “Declárese que ha lugar el amparo solicitado por los referidos demandantes en contra de la Asamblea Legislativa, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, la Comisión Coordinadora y la directora de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia por la vulneración de sus derechos a la protección en la conservación jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos, a la seguridad material, a la protección familiar, a las libertades de circulación y de residencia, y a la propiedad”, reza la resolución.

 

 

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