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Guatemaltecos votan este domingo sobre la frontera con Belice

Los  guatemaltecos  deberán responder sobre un viejo conflicto.

Siete millones y medio de guatemaltecos votarán el domingo para decidirsi dejan en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la delimitación definitiva de las fronteras con Belice. Las urnas se abrirán a las 07.00 hora local y cerrarán a las 18.00. Al ser una sola papeleta con una única respuesta -sí o no- se espera que se pueda conocer el resultado final tan solo un par de horas después.

La mayoría de los analistas creen que, aunque la votación está dispuesta en un mandato constitucional, es probable que la votación sea raquítica.

El litigio se remonta a la época de la colonia. De acuerdo a la historia oficial, entre 1783 y 1786 la Corona española concedió licencia a Inglaterra para extraer palo de tinte, al norte de lo que ahora es Belice. Fue el inicio del expolio territorial.

Ya en la época independiente (Guatemala se separó de España en 1821), la colonia británica fue extendiendo su dominio, a cambio de compromisos que jamás cumplió. Entre estos, en 1851 Guatemala cedió a los británicos un área entre los ríos Sibún y Sarstún (al norte), a cambio de un tramo vial. No se construyó ni un metro; el 1863, Gran Bretaña se comprometió a pagarle a Guatemala 50.000 libras esterlinas de la época por el territorio ocupado. No desembolsó ni un penique.

Actualmente, Belice ocupa un área de 22.966 kilómetros cuadrados. Londres le concedió, de manera unilateral, la independencia el 21 de septiembre de 1981. En 1991, Guatemala reconoció al Gobierno y a la población beliceños, pero no el territorio. No reclama la totalidad de la demarcación, aunque afirma tener derecho sobre los 12.100 kilómetros cuadrados comprendidos entre los ríos Sibún y Sarstún por los que Londres nunca pagó.

Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo bilateral, en 2000 la Organización de estados Americanos (OEA) inició una intermediación. En 2008, Belice y Guatemala decidieron someter el litigio a la Corte internacional de Justicia (CIJ), para que sea esta la que establezca, en definitiva, las fronteras entre ambos países. Es lo que los guatemaltecos votarán este domingo.

Pero para que el pronunciamiento de la CIJ tenga validez, también deberán manifestar su conformidad acerca del arbitraje los beliceños, quienes, conscientes de que la decisión de la CIJ les podría hacer perder parte de su territorio, no parecen muy entusiasmados con el tema. Para empezar, ni siquiera tienen una fecha establecida para la consulta correspondiente. A esto se suma una modificación introducida recientemente por sus autoridades: la consulta solo tendrá validez si en el referéndum participa el 50% de su población.

A lo anterior se suma un gran desconocimiento del tema por parte de la población de ambos países. En Guatemala, alcanza niveles preocupantes, algo que, en palabras del analista Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana (Transparencia Internacional), se transformará en “un gran abstencionismo”. A esto se suma la incertidumbre. “Para Guatemala siempre es una incógnita qué vaya a hacer Belice. Inicialmente la consulta estaba prevista para ser simultánea. Ahora la fecha está a discreción de las autoridades beliceñas. Esto, de alguna manera, incide en el poco entusiasmo en la participación, porque no hay certeza de los tiempos. Algo que hace poco atractiva la participación de un votante que acudiría gustoso si viera que el litigio puede resolverse. En otras palabras: aun votando, puede que no se resuelva nada”.

En el tema abunda Luis Linares, analista de la Asociación de investigación y estudios Sociales (Asíes). “En Guatemala se han creado falsas expectativas en lo que respecta a la ‘recuperación’ del territorio usurpado. Ilusiones falsas. Lo más probable es que, es su momento, la CIJ ratifique las fronteras actuales, aunque con alguna concesión para la salida al mar”, manifiesta.

Edgar Gutiérrez, exministro de Exteriores, coincide en pronosticar una participación raquítica en la consulta. “Una concurrencia aceptable”, comenta, “andará entre el 15% y el 20% del padrón electoral”. Y añade un elemento de trascendencia: “La llamada zona de adyacencia –como se conoce a la delimitación provisional de los territorios–, que tiene un kilómetro de grosor, es tierra de nadie. Esto, en la geopolítica del crimen organizado, es muy peligroso. Se vuelve refugio de mafias, de narcotraficantes, de trata de personas, traficantes de armas… mientras la capacidad de la OEA para patrullar esa zona es muy limitada. Así que conviene mucho que esta coyuntura se resuelva en definitiva, aunque no será algo inmediato”.

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