En análisis

¿Deben renovarse las medidas extraordinarias?

El Estado salvadoreño debe de cuidar ser garante del estado de derecho. La mayoría de esa población penitenciaria está condenada y algunos tienen dos o tres condenas adicionales pendientes.

Por Ricardo Sosa

Entramos al cuarto mes del presente año 2018, y marca los últimos treinta días de gestión de la actual legislatura, pero también el vencimiento del segundo año de las denominadas Medidas Extraordinarias que surgen del decreto N.321 en seis centros penales donde existen restricciones de desplazamientos y visitas, entre otros.

Además de las medidas en los seis centros penales, se impulsaron refuerzos financieros mediante el impuesto a la contribución especial a la telefonía y comunicaciones, y en el 2006 los denominados batallones y fuerzas especializadas combinadas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvado (FAES).

Veamos algunas cifras: enero , febrero y marzo 2016 promediaron en los primeros tres meses arriba de 22 homicidios diarios, registrando enero 2016 un total de 740 muertes violentas; enero, febrero y marzo 2017 registraron en promedio diario en ese período de nueve homicidios diarios y para el presente año (enero, febrero y marzo) registran un promedio de diez homicidios diarios, por lo que en el rubro de los homicidios es innegable la disminución en más del cincuenta por ciento desde la implementación de dichas medidas.

Solo basta recordar el primer trimestre del 2016 cuando había un clamor generalizado que el ejecutivo corrigiera el rumbo, el cual se dio con los nombramientos del actual señor ministro de Justicia y Seguridad, el señor director de la PNC y otras acciones internas a las detalladas.

En cuanto a las extorsiones, el corte de la señal y telefonía como otras comunicaciones lograron disminuir desde el interior de los centros penales, y esto se ve reflejado en las denuncias, es un delito que no está erradicado, que sigue golpeando la economía y vidas de personas, pero el impacto y control de las estructuras en la calle continúa.

El control, supervisión e inspección lo ha retomado por primera vez en muchos años el Estado por medio de la Dirección de Centros Penales a quienes en septiembre del 2004 se les entregó centros penitenciarios exclusivos de acuerdo a su afiliación pandilleril, en estos seis penales.

Y como punto final de esta edición hay que destacar que la PNC logró implementar nuevos y reforzados protocolos de actuación a nivel operativo y de investigación científica del delito en sectores priorizados.

Por lo anterior considero que las Medidas extraordinarias y disposiciones operativas y de control deben de mantenerse y fortalecerse en todo sentido en lo presupuestario, estratégico, inteligencia, investigación en prueba científica y peritajes, para continuar golpeando estructuras criminales completas, las cuales en dos años debieran ser “normales ya”, pero ante la solicitud del ejecutivo que falta aún, mi sugerencia está en cuanto a las disposiciones contra los privados de libertad relacionados a las visitas de sus esposas e hijos que deben de habilitarse con visita controlada y grabada, el sol debe de ser diario, derecho asistencia jurídica para sus defensas técnicas, asistencia médica, acceso a Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Cruz Roja Internacional que validarían el trabajo y actuaciones y un programa edición especial del YO Cambio, con enfoque criminológico.

Estas acciones no tendrían por qué afectar el control, supervisión e inspección de los centros penales. Un trato digno no riñe con ser efectivo y brindar una adecuada seguridad. El Estado salvadoreño debe de cuidar ser garante del estado de derecho. La mayoría de esa población penitenciaria está condenada y algunos tienen dos o tres condenas adicionales pendientes.

Ahora, la decisión de renovarlas con modificaciones les corresponde a los diputados y diputadas, pero también la responsabilidad de lo que decidan si lo hacen en automático nuevamente. Nuestro país ha confirmado convenios y tratados internacionales los cuales se deben de cumplir y respetar.

El no renovarlas podría generar una regresión en los homicidios, incremento de extorsiones y delitos de eficacia, como un espiral de violencia similar al año 2015. Pero tres años consecutivos sin cambios puede generar consecuencias a la población, policías, miembros de la FAES y custodios. Que Dios les brinde sabiduría.

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